«La
memoria en sí misma, la evocación del pasado, no es ni buena ni mala, todo
depende del propósito que perseguimos con esa evocación. Cuando la memoria se
aprovecha para la venganza, la autopromoción, la obtención de privilegios, se
puede hablar de abuso. Cuando se logra poner al servicio de la verdad y la
justicia, el abuso desaparece».
Tzvetan Tódorov
(Lingüista, filósofo e historiador)
El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General
de las Naciones Unidas a través de la Resolución
65/209 decidió declarar el 30 de agosto Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas:
“Las desapariciones forzadas, que en
su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden
perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno,
especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de
especial preocupación:
-
El acoso de los defensores de los derechos humanos,
los parientes de las víctimas, los testigos, y los abogados que se ocupan de
los casos de desaparición forzada.
-
El uso por los Estados de la lucha contra el
terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones.
-
La todavía generalizada impunidad por la práctica de
la desaparición forzada. Debe prestarse también especial atención a los grupos
de personas especialmente vulnerables, como los niños o las personas con
discapacidad”.
España es el segundo país del mundo con
más fosas comunes, solo superado por Camboya. Se calcula que
hay esparcidos en torno a 120.000 compatriotas que fueron represaliados durante
la Guerra Civil y el Franquismo. En los últimos 15 años, solamente se
han abierto menos de 400 de las 2.382 registradas.
Para buscar la verdad,
hacer justicia con aquellos/as que fueron privados de ella y dignificar a la
víctimas y a sus familias se creó la Ley de Memoria Histórica del 26 de
Diciembre de 2007 que pretendía reconocer y ampliar derechos a quienes
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. El artículo 1.2 y 2.1 reflejan
a la perfección el espíritu de la misma:
“Mediante
la presente ley, como política pública, se pretende el fomento de los valores y
principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y
circunstancias acaecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura, y asegurando
la preservación de los documentos relacionados con ese periodo histórico y
depositados en archivos públicos.”
“Como
expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la
recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el
carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera
formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de
creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las
mismas causas durante la Dictadura."
La llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa en noviembre
de 2011 implicó el cumplimiento de una de las pocas cosas que prometió: “Yo eliminaría todos los artículos de la ley de
memoria histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. No
daría ni un solo euro público a esos efectos”, dijo Rajoy, en febrero de
2008, en una entrevista en 20 minutos. Y así, ante la falta de
financiación y la desidia por parte de la mayoría de las administraciones bajo gobierno
conservador, ésta ley se ha incumplido sistemáticamente y se dejó morir.
Las demandas de cientos de familias han tenido que
esperar a que en los respectivos organismos locales, provinciales y autonómicos
hubiese un cambio político y una mayor sensibilidad para ver atendidas sus
justas peticiones. El ejemplo más claro y cercano lo encontramos en el actual
Gobierno de Aragón con la aprobación el 18 de julio de 2017 el proyecto de Ley de
Memoria Democrática. Una ley valiente y ambiciosa que regula aspectos tan
importantes como la figura de la desaparición forzosa, la actualización del
número de fosas existentes en la comunidad, la aplicación de políticas activas
en materia de exhumaciones y medidas encaminadas a dotar de dignidad a las
víctimas.
Los poderes públicos deben adquirir el
compromiso de respaldar la legítima pretensión de toda persona a saber qué pasó
con sus familiares, de amparar a las víctimas y el reconocimiento y la condena
de todos los actos violentos que tanto sufrimiento originaron. No se debe
pensar que se persigue la confrontación o la creación de nuevas polémicas, lo
que se pretende es transmitir a las generaciones futuras valores democráticos
como la paz, la justicia social, la libertad o la tolerancia para afianzar
nuestra democracia y la conciencia de que sólo la palabra es el medio valido
para hacer política. Y esto es un compromiso de todos y todas
Javier Berges Palacio: Sº de Memoria Histórica y Justicia Social de las JSPZ
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