Seguro que las y los que os hayáis decidido a leer este
post, habéis escuchado y leído una y otra vez, diferentes
informaciones sobre el CETA, quizá
hasta la extenuación.
Pero, cabría preguntarse en primer lugar: ¿Qué es el CETA?
Pues bien, el CETA
(Comprehensive Economic and Trade
Agreement, por sus siglas en inglés), se trata de un acuerdo de libre
comercio que el pasado año firmaron la Unión Europea y Canadá, siendo sus principales
e inmediatas consecuencias, la reducción de las tasas aduaneras para un gran
número de productos, así como la estandarización de ciertas normas de cara a
favorecer los intercambios entre ambos territorios.
Desde un punto de vista simplista, podríamos concluir que
dicho acuerdo se traduce en un conjunto de significativas ventajas tanto para
la Unión Europea como para Canadá, en tanto que el país canadiense accede a uno
de los mercados más importantes, el europeo, dentro de un marco de relaciones
mucho más favorable, del que en estos momentos tienen otras grandes potencias
económicas, como Estados Unidos o Japón. Mientras que, por un lado, las
empresas de la Unión Europea se ahorrarán importantes cantidades económicas en
concepto de aranceles, y por otro aumentarán las licitaciones públicas en
Canadá en relación a diferentes sectores estratégicos.
En el caso de España, pese a que Canadá ocupa el destino
número 30 de nuestras exportaciones, su cercanía al mercado norteamericano
puede transformar al país en una importante plataforma desde la que exportar a
Estados Unidos.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y la simple
opacidad con la que fue negociado el acuerdo, hace de entrada sospechar, sin
tan siquiera pasar a leer la letra pequeña, que una vez más, las grandes
beneficiadas serán las multinacionales, a costa de las ciudadanas y los
ciudadanos de nuestros países.
Sin ir más lejos, la voluntad subyacente en el acuerdo de
aproximar las legislaciones laborales de los diferentes países utilizando para
ello como referente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo,
cuando Canadá ha evitado ratificar dos de los ocho convenios fundamentales, (concretamente,
el Convenio sobre el Derecho de Sindicación
y a la Negociación Colectiva, y el Convenio
sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo), genera muchas dudas.
En este sentido,
todo parece indicar que, cualquier intento de homogeneización, dado el punto del
que se parte, no puede sino ir en sentido contrario al de la protección de los
derechos de las y los trabajadores.
Por otra parte, el contexto en el que se encuentra desde
hace años la Unión Europea, siendo éste el de una importante crisis de
legitimidad, tanto en el ámbito económico, como en el político y social, no
ayuda precisamente a forjar entre la ciudadanía una visión positiva de este
tipo de acuerdos, máxime, cuando se cierran en los despachos de las altas
instancias, con la mayor celeridad posible y sin el mínimo signo de
transparencia.
Esto último, en contraposición a lo expuesto
inicialmente, genera una evidente polarización del debate entre defensores y
detractores del acuerdo, sin que dicho debate acabe de superar el superficial límite
de la propaganda, para recalar en el fondo del asunto, en tanto que la
ciudadanía, sigue en gran parte, sin conocer las razones y el contenido del CETA.
Si nos centramos en la realidad española, la cuestión
tampoco es para nada baladí, ya que, apoyar la firma del CETA, puede suponer la progresiva disminución del salario medio que
hemos venido sufriendo desde el inicio de la crisis, pero oponerse a la misma
puede derivar en la pérdida de relevancia dentro del marco de las relaciones
comerciales internacionales.
Quizá un buen punto de partida a la hora de acometer la
firma de futuros acuerdos de similares características con otros países, sería
dejar de hablar de comercio
internacional, para pasar a hacerlo de comercio
internacional justo.
Al fin y al cabo, no existen dudas acerca del efecto
positivo neto mundial que genera el incremento del comercio internacional. Sin
embargo, los Estados no deberían permitir que el aumento de los beneficios de
las multinacionales radicadas en ellos, se produzcan en gran parte como
consecuencia de la continua devaluación salarial y pérdida de derechos
laborales.
Ignacio Martínez Moreno.
Sº de
Cultura e Innovación Tecnológica de las JSZP.
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